En 2014, como ya hoy es un asunto habitual, se produjo una fortísima devaluación del bolívar, la moneda de Venezuela. En ese momento, el Gobierno venezolano, escaso de dólares y deseoso de frenar el hundimiento de su moneda, decidió no permitir a las compañías aéreas que repatriaran su facturación en el país en dólares.

Esto afectó a todas las aerolíneas, muchas de las cuales directamente cancelaron sus operaciones. Otras negociaron, algunas llegando a soluciones satisfactorias, otras en términos vergonzosos. Air Europa e Iberia se quedaron con casi 300 millones de dólares. Air Canadá optó por suspender sus vuelos y presentar una demanda para recuperar sus casi 21 millones de dólares, bloqueados en Venezuela. 

Al final del año, el gobierno de Maduro cedió a unas diez compañías, entre ellas a las españolas que volvieron a operar con la normalidad que es posible. No en el caso de Air Canadá.

Como suele suceder en las relaciones internacionales, Canadá y Venezuela tenían un tratado, de 1996 en este caso, para la protección mutua de las inversiones que, desgraciadamente, casi sólo se aplica a las inversiones del norte en Venezuela porque al revés Caracas no está en condiciones de hacer nada.

Ese tratado preveía mecanismos para resolver las disputas y a él se remitió Air Canadá. Finalmente, con un retraso importante, el Tribunal que se encarga de este tratado finalmente dictaminó que Air Canadá tiene derecho a su alegación en favor de la libre transferencia de fondos, tal como Venezuela había acordado en 1996.

El Tribunal determinó que Venezuela había violado la protección de la libre transferencia de fondos al no procesar las numerosas solicitudes de cambio de moneda de Air Canada. El Tribunal responde a la sutil interpretación de la defensa venezolana, centrándose en el concepto de “justo y equitativo” recogido en el tratado. El Tribunal afirma que la actuación de Venezuela había sido arbitraria, carecía de transparencia y, al no procesar las solicitudes de repatriación de Air Canada, no se había cumplido con las expectativas legítimas de la compañía. 

El caso se complicó mucho porque ante el Tribunal se presentó un representante de Juan Guaidó, diciendo que él era el verdadero gobierno. No obstante, el Tribunal rechazó este argumento y permitió que los actuales asesores legales de Venezuela continuaran actuando y presentando presentaciones. 

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