Como ya sucedió con Ryanair, Air Europa ha sido condenada por su estrategia adoptada para esquivar las reclamaciones de los clientes (Ryanair, condenada por obligar a los pasajeros a acudir a los tribunales).

El Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Palma ha fallado contra la compañía de Globalia, que tendrá que abonar a un pasajero 600 euros por la cancelación de un vuelo y, además, hacerse cargo de las costas “con especial declaración de temeridad y mala fe por su conducta contraria a sus propios actos, obligando al demandante a acudir a la vía judicial en dos ocasiones”, informa Reclamador.

El pasajero tenía previsto un viaje desde Cancún a Madrid, pero la aerolínea canceló dicho vuelo sin dar justificación alguna, momento en el que el afectado contrató los servicios de la citada plataforma especializada en la defensa de los pasajeros aéreos. Cuando dieron traslado a Air Europa de la demanda, “contestó a la misma diciendo que había falta de capacidad porque el cliente se tiene que ratificar personalmente siempre, y eso pese a la firma digital del pasajero incluida en la demanda”, explica Reclamador.

Además, afirma que desde la línea aérea “se opusieron por falta de legitimación activa, alegando que quien presentó la reclamación extrajudicial no es el pasajero, sino una mercantil”. “Pero nada de esto sirvió a Air Europa, que finalmente se ha visto condenada al pago de la indemnización solicitada, así como en costas por temeridad y mala fe procesal”, celebra.

Reclamador lamenta que la compañía de Globalia “no solo imponga condiciones abusivas a los consumidores, sino que además pretenda, de manera torticera, privarles de un derecho legítimo a la reclamación que les corresponde en base al Reglamento Comunitario”.

En opinión del abogado Jorge Ramos, “es una gran noticia que en este tipo de procedimientos los jueces sean valientes y empiecen a condenar con mala fe y temeridad a Air Europa”. “Es evidente que dicha mala fe procesal existe, lo que además de perjudicar a los viajeros, también afecta a la administración pública, que tiene que hacer frente con escasos recursos a demandas que ni siquiera deberían llegar a juicio si las aerolíneas cumplieran la obligación de indemnizar a los afectados, saturando aún más los juzgados”, sostiene.

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